Ferrovial construye una desaladora que resolverá los problemas de agua potable del este de Tenerife

Una UTE formada por dos empresas del grupo Ferrovial, Ferrovial-Agroman y Cadagua, así como por Tinerfeña de Obras Públicas (TOP) está llevando a cabo un importante proyecto en Tenerife. En concreto, estas empresas ejecutarán las obras de la estación Desaladora de agua de mar de Granadilla, que cambiará radicalmente el aprovechamiento del agua en esta zona. El proyecto cuenta con un presupuesto que asciende a 16 millones de euros.

Y es que, se prevé que esta planta produzca en su primera fase 14.000 metros cúbicos de agua al día y que su capacidad se amplíe hasta los 21.000 metros cúbicos cada jornada. Además, se contempla una tercera fase denominada “futuro”, en la que se incrementará la capacidad a 42.000 metros cúbicos de agua al día. De esta manera, se garantizará el abastecimiento del agua potable a los municipios de la zona.

Las obras que realiza la UTE se encuentran en el sur de la isla de Tenerife, en concreto, en la comarca que se extiende desde Montaña Guaza hasta los núcleos del municipio de Arico de La Java y Las Listadas. Esto comprende los municipios de Arico, Granadilla, San Miguel y Arona.


Y es que, según los impulsores, estas obras son de “vital importancia” para esta zona. “La oferta vacacional de la zona, tanto hotelera como extrahotelera, hace que haya una gran demanda de agua con una calidad mínima garantizada, tanto en condiciones normales como en los momentos en que la ocupación turística es máxima”, afirma el Jefe de Obra, Fernando Campos.

Todo esto ha planteado desde hace tiempo problemas en el abastecimiento, en lo que se refiere a disponibilidades, a la necesidad de transportar el agua desde otros ámbitos de la isla, así como a la construcción de depósitos y redes públicas y privadas o a la explotación de los recursos por diferentes comunidades. Y esto, ha dado como resultado un agua con calidades “muy irregulares, y en algunos casos, deficientes”.

Esta situación llevaba agravándose desde hace años y ha provocado una notable “inquietud en las autoridades públicas competentes que, por sí solas, no pueden hacer frente a una solución definitiva de la problemática planteada”, según se explica en la memoria del proyecto.

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